Probable controversia constitucional
El impuesto especial de 20 % a los refrescos con jarabe de maíz de alta fructosa "quedó pelas", pues el Ejecutivo federal acordó ya su eliminación mediante un decreto que anunciará esta misma semana, afirmó el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, Fauzi Hamdán Amad. Asimismo el panista adelantó que la medida gubernamental podría considerar la reducción de 60 a 50 % del gravamen -también fijado por el Legislativo- a las bebidas alcohólicas."Incluso -añadió- se buscará aumentar el subsidio a la industria tequilera, de tres a cinco pesos por agave."
Ante el pleno de la Comisión Permanente, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso un acuerdo para que esa instancia haga comparecer a los secretarios de Economía, de Hacienda, y de Agricultura, a fin de que expliquen la decisión foxista de eximir a empresas extranjeras del pago de dicha tributación. En voz del diputado Rodolfo Escudero Barrera, ese instituto político señaló que el inminente decreto presidencial no sólo violenta sus relaciones con el Poder Legislativo, sino que pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país, al agravar la difícil situación económica que enfrenta la industria nacional del azúcar.
Fuazi Hamdán explicó que la decisión presidencial responde a que el impuesto especial a la fructosa realmente dejó de tener sentido" una vez dispuesto el programa de rescate de esa industria. Añadió que en la práctica mediante ese gravamen el gobierno federal no habría recaudado un porcentaje significativo de recursos. Consideró que la decisión del presidente Vicente Fox no confronta las disposiciones que en materia fiscal acordó el Congreso en diciembre pasado, toda vez que "no busca corregir errores sino tan sólo hacer correcciones" a una medida que dejó de cumplir su propósito original de proteger a dicha industria.
Ante el pleno de la Comisión Permanente, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso un acuerdo para que esa instancia haga comparecer a los secretarios de Economía, de Hacienda, y de Agricultura, a fin de que expliquen la decisión foxista de eximir a empresas extranjeras del pago de dicha tributación. En voz del diputado Rodolfo Escudero Barrera, ese instituto político señaló que el inminente decreto presidencial no sólo violenta sus relaciones con el Poder Legislativo, sino que pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país, al agravar la difícil situación económica que enfrenta la industria nacional del azúcar.
Fuazi Hamdán explicó que la decisión presidencial responde a que el impuesto especial a la fructosa realmente dejó de tener sentido" una vez dispuesto el programa de rescate de esa industria. Añadió que en la práctica mediante ese gravamen el gobierno federal no habría recaudado un porcentaje significativo de recursos. Consideró que la decisión del presidente Vicente Fox no confronta las disposiciones que en materia fiscal acordó el Congreso en diciembre pasado, toda vez que "no busca corregir errores sino tan sólo hacer correcciones" a una medida que dejó de cumplir su propósito original de proteger a dicha industria.
(El Financiero 28.02.02)
En el texto se dice que la oposición al decreto presidencial en el parlamento se basa en que: