TEXTO I

Una noche en el hostal de Welcome refugiados

JAVIER NEGRE

@javiernegre10

06/06/2016 03:31

Once de la noche en un hostal del humilde barrio madrileño de Vallecas. El sonido martilleante de un teclado rompe el silencio que reina en su lobby. Una joven estadounidense con mofletes rosas está acurrucada en un sillón y chatea en su Mac. Es de Seattle, luce una camisa vaquera Abercrombie y es fácil imaginársela con dos pompones en un campo de fútbol americano. Ha elegido este alojamiento, como otros mochileros, porque es el más barato de Madrid: 18,90 euros la noche. Enfrente de ella se encuentra Emad, un sirio con la mirada perdida. Les separan sólo tres metros, pero sus vidas son opuestas. Hay una frontera invisible entre ellos. Tan cerca, tan lejos. Una dejó su país en clase turista para hacerse un selfie en Sol. El otro pagó 4.000 euros a un mafioso turco para abandonar el infierno sirio entre disparos del Daesh, bombardeos de Al Assad y concertinas. No cruzan palabra, pero ambos compartirán una noche apacible en el Welcome. La primera parada de algunos de los 106 refugiados sirios que han llegado de los 1.600 que España se ha comprometido a acoger hasta 2017. El refugio de mujeres africanas perseguidas por Boko Haram; de disidentes del régimen comunista chino o de presos políticos cubanos. Un crisol de culturas. De vidas rotas. ¡Welcome, refugiados!

- ¿Sabes que esto es un hostal destinado a exiliados? - le preguntamos a la estadounidense.

- No me lo creo. ¿Es broma, no? Yo he visto a mucha gente de otros países, pero no me habían dicho nada. Yo vine aquí porque es lo más económico que encontré - responde mientras apaga su ordenador y pone rumbo a su habitación. La palabra refugiado le aterra. Demasiado fuerte para una estudiante de una universidad de 50.000 euros al año y amante del beer pong (un juego que consiste en meter una pelota de ping-pong en un vaso de cerveza).

Emad es invisible para ella. La norteamericana es más de los videoclips de la MTV que de seguir la crisis de refugiados en la CNN. No le interesa la historia de Emad. Ni su pasado como empleado de banca en Alepo. Allí cobraba 1.000 euros al mes. Su vida era placentera. Tenía un rostro saludable. Sin ojeras amoratadas. Sin los jeans rotos. Nada que ver con el aspecto escuálido que presenta ahora. "Era feliz hasta que estalló la maldita guerra y empezaron a bombardearnos", recuerda con lágrimas en los ojos.

Emad llegó a la capital confundido. Frotándose los ojos como un niño en sus primeros Reyes Magos. "Llegan desorientados, con el miedo de despertarse y que sigan en su país. Recelan mucho. Al mes ya están más asentados y se relajan", explica José Javier Sánchez, director de Migraciones de Cruz Roja.

- ¿Cuál es su sueño? - le preguntamos a Emad.

- Antes de la guerra soñaba con ser programador informático. Ahora mi sueño es ver a mis padres, que siguen en Alepo. Tengo ganas de darles un abrazo. Llevo varios meses sin verlos - confía con voz tímida y hombros encogidos. Le interrogamos sobre otros aspectos de su vida, pero no puede más. Se le entrecorta la respiración y, por ello, interrumpe la charla. Nos pide algo de espacio. Enciende su smartphone y se pone a ver la última temporada de Juego de Tronos. Su única compañía en su larga travesía hacia Europa, la tierra de las oportunidades para millones de exiliados.

Disponible en:<http://www.elmundo.es/cronica/2016/06/06/5752a146268e3efc788b4616.html?cid=MNOT23801&s_kw=una_noche_en_el_hostal _de_welcome_refugiados.>Accedido en: 08 jul. 2016.

TEXTO V

Las matemáticas mágicas de Donald Trump y su muro con México

Pablo Pardo Corresponsal Washington @PabloPardo1

05/04/2016 18:43

Donald Trump ha explicado cómo va a conseguir que México pague la muralla que él dice que construirá en la frontera con ese país si gana las elecciones de noviembre. Como es habitual en las promesas electorales del candidato a la Casa Blanca, los números no encajan, y algunos de ellos son manifiestamente mentira. Y, como siempre en las promesas de Trump, el Partido Republicano ha optado por mirar hacia otro lado, sin oponerse, pero sin apoyarle.

Tampoco parece que la comunidad empresarial le esté haciendo mucho caso. Ford, la segunda empresa de automoción de Estados Unidos, ha anunciado que va a invertir 1.400 millones de euros (1.600 millones de dólares) en la construcción de una nueva fábrica en la localidad mexicana de San Luis Potosí, que dará empleo a 2.800 personas, todas (o casi todas) mexicanas.

El primer punto de la propuesta de Trump es que a partir del "primer día" en que esté en la Casa Blanca, el magnate exigirá que los "extranjeros" que residan en Estados Unidos tengan que ofrecer pruebas de su residencia legal para realizar transferencias de dinero fuera del país.

Según el peculiarísimo memorándum de dos páginas de Trump, en el que se contiene esa propuesta, y que ha hecho llegar al diario The Washington Post, supone dar la vuelta al actual sistema financiero de Estados Unidos. El "segundo día" de su presidencia, "México protestará" por la medida anunciada el primero (curiosamente, en su primer día en la Casa Blanca, Barack Obama prohibió el uso de la tortura a detenidos, lo que indica que cada presidente tiene sus prioridades). Trump afirma en su misiva que los inmigrantes mexicanos envían a su país 24.000 millones de dólares (21.000 millones de euros) anuales en remesas, "que actúan como una red de protección social en ese país".

El candidato, sin embargo, no especifica qué parte de esos 24.000 millones proceden de inmigrantes legales, ni tampoco que esa "red de protección social" es en realidad consecuencia de los salarios que perciben esos inmigrantes en Estados Unidos por realizar trabajos que fundamentalmente los estadounidenses no quieren hacer, como recoger fruta y maíz, fregar retretes y suelos, y trabajar en la construcción.

Entretanto, "en el tercer día" de su presidencia, Trump exigirá al Gobierno mexicano que pague una cantidad indeterminada de miles de millones de dólares para construir el muro. Si no lo hace, Trump aplicará la prohibición de que los 'sin papeles' puedan enviar dinero a sus familias.

[…]

Finalmente, está la cuestión de qué harían los inmigrantes que no pudieran enviar sus remesas a sus familias. Lo más probable es que se fueran, dejando una gran masa de suelos sin fregar y de fruta sin recoger en Estados Unidos.

El empresario y estrella de 'reality shows' afronta este martes unas primarias complicadas en el estado de Wisconsin, donde va por detrás de su rival, el también ultraconservador Ted Cruz, en las encuestas, por lo que su propuesta podría tener un componente electoral, toda vez que ataca a uno de sus blancos favoritos: los inmigrantes hispanos.

Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/05/5703d86a22601d41118b45db.html> Accedido en: 21 jun. 2016. (Texto adaptado)

El uso de agrotóxicos

Por Darío Aranda

El gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. “Se fomenta un sistema productivo depredador y se deja a los pueblos fumigados en total desprotección”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. En Chaco, un informe oficial había revelado los altos índices de cáncer y malformaciones en zonas fumigadas. En Mar del Plata, el intendente logró la modificación de una ordenanza que reduce de 1000 metros a sólo 100 metros las distancias de fumigación.

En diciembre de 2009, el gobierno de Chaco creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, con el objetivo de que se estudien las denuncias por los efectos del uso masivo de agroquímicos en campos transgénicos (soja y maíz, entre otros) y arroceras. Seis meses después, la comisión oficial presentó su primer informe, el que señaló que (en zonas con amplio uso de agrotóxicos) los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década.

Fue un elemento más en el que las organizaciones sociales se apoyaron para exigir extender las limitaciones a las fumigaciones. Pedían la prohibición total de las fumigaciones aéreas (como sucede en diversos países de Europa) y 2000 metros para las terrestres. Luego de meses de debates y audiencias, la Legislatura de Chaco aprobó en julio de2012 la Ley de Biocidas (7032). Prohibió la aplicación aérea de agroquímicos a una distancia inferior a 1500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y reservorios de agua. Y para las pulverizaciones terrestres se fijó un límite de 500 metros e incluyó, a último momento, un artículo que dejaba la posibilidad de reducir estas distancias.

En noviembre de 2012, el gobernador Jorge Capitanich reglamentó la ley, y estableció la posibilidad de que las fumigaciones terrestres sean a 200 metros (60 por ciento menos que la ley aprobada) y las aéreas de 1050 metros (30 por ciento menos). Arreciaron las críticas de ONG, campesinos y organizaciones socioambientales.

Nueve meses después, el 2 de agosto pasado, el gobernador firmó el decreto 1567. A diferencia de la reglamentación anterior, no menciona ningún límite para fumigar. “En la reglamentación anterior había un mínimo para la reducción que era del 60 por ciento para las terrestres y del 30 por ciento para las aéreas. En la nueva se excluye justamente este párrafo, es decir que deja que se reduzcan distancias a ningún límite mínimo”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, que hace más de una década denuncia el avance del modelo agropecuario y sus consecuencias en la salud.

El gobierno chaqueño aclaró mediante un comunicado que la nueva reglamentación “obedeció a las diversas y reiteradas solicitudes de los distintos actores sociales involucrados en la legislación provincial”. La subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, María Elina Serrano, sostuvo que el nuevo decreto “constituye una propuesta superadora que tiene como principal objetivo facilitar la aplicación práctica de la ley, manteniéndose vigente las distancias de aplicación”.

Alejandra Gómez, de la Red de Salud Ramón Carrillo, afirmó: “Ninguna organización social, ni ambiental ni poblaciones que sufren las fumigaciones pueden pedir que se deje fumigar frente a sus casas. Es claro que el Gobierno obedeció al lobby de productores y empresas. Ahora no hay límite mínimo de reglamentación”.

Además de no fijar límite mínimo, el artículo 27 señala que el área de fumigación dependerá de que “haya un acuerdo escrito entre las partes”. Lo que pareciera una cláusula en teoría beneficiosa para los posibles afectados, en la práctica puede no serlo. “¿Qué poder de negociación tiene una familia campesina o periurbana frente a un pool de siembra, frente a un intendente y ante un juez de paz y frente a la policía, todos estos actores unidos para fumigar hasta la misma casa del campesino?”, advierte Gómez y precisa casos en Pampa del Indio y en Colonias Unidas donde los vecinos sufrieron presiones para que “dejen de denunciar las fumigaciones”.

[…]

Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3- 227166-2013-08-20.html. Fecha de consulta: 15 jan. 2016. Adaptado.

El uso de agrotóxicos

Por Darío Aranda

El gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. “Se fomenta un sistema productivo depredador y se deja a los pueblos fumigados en total desprotección”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. En Chaco, un informe oficial había revelado los altos índices de cáncer y malformaciones en zonas fumigadas. En Mar del Plata, el intendente logró la modificación de una ordenanza que reduce de 1000 metros a sólo 100 metros las distancias de fumigación.

En diciembre de 2009, el gobierno de Chaco creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, con el objetivo de que se estudien las denuncias por los efectos del uso masivo de agroquímicos en campos transgénicos (soja y maíz, entre otros) y arroceras. Seis meses después, la comisión oficial presentó su primer informe, el que señaló que (en zonas con amplio uso de agrotóxicos) los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década.

Fue un elemento más en el que las organizaciones sociales se apoyaron para exigir extender las limitaciones a las fumigaciones. Pedían la prohibición total de las fumigaciones aéreas (como sucede en diversos países de Europa) y 2000 metros para las terrestres. Luego de meses de debates y audiencias, la Legislatura de Chaco aprobó en julio de2012 la Ley de Biocidas (7032). Prohibió la aplicación aérea de agroquímicos a una distancia inferior a 1500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y reservorios de agua. Y para las pulverizaciones terrestres se fijó un límite de 500 metros e incluyó, a último momento, un artículo que dejaba la posibilidad de reducir estas distancias.

En noviembre de 2012, el gobernador Jorge Capitanich reglamentó la ley, y estableció la posibilidad de que las fumigaciones terrestres sean a 200 metros (60 por ciento menos que la ley aprobada) y las aéreas de 1050 metros (30 por ciento menos). Arreciaron las críticas de ONG, campesinos y organizaciones socioambientales.

Nueve meses después, el 2 de agosto pasado, el gobernador firmó el decreto 1567. A diferencia de la reglamentación anterior, no menciona ningún límite para fumigar. “En la reglamentación anterior había un mínimo para la reducción que era del 60 por ciento para las terrestres y del 30 por ciento para las aéreas. En la nueva se excluye justamente este párrafo, es decir que deja que se reduzcan distancias a ningún límite mínimo”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, que hace más de una década denuncia el avance del modelo agropecuario y sus consecuencias en la salud.

El gobierno chaqueño aclaró mediante un comunicado que la nueva reglamentación “obedeció a las diversas y reiteradas solicitudes de los distintos actores sociales involucrados en la legislación provincial”. La subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, María Elina Serrano, sostuvo que el nuevo decreto “constituye una propuesta superadora que tiene como principal objetivo facilitar la aplicación práctica de la ley, manteniéndose vigente las distancias de aplicación”.

Alejandra Gómez, de la Red de Salud Ramón Carrillo, afirmó: “Ninguna organización social, ni ambiental ni poblaciones que sufren las fumigaciones pueden pedir que se deje fumigar frente a sus casas. Es claro que el Gobierno obedeció al lobby de productores y empresas. Ahora no hay límite mínimo de reglamentación”.

Además de no fijar límite mínimo, el artículo 27 señala que el área de fumigación dependerá de que “haya un acuerdo escrito entre las partes”. Lo que pareciera una cláusula en teoría beneficiosa para los posibles afectados, en la práctica puede no serlo. “¿Qué poder de negociación tiene una familia campesina o periurbana frente a un pool de siembra, frente a un intendente y ante un juez de paz y frente a la policía, todos estos actores unidos para fumigar hasta la misma casa del campesino?”, advierte Gómez y precisa casos en Pampa del Indio y en Colonias Unidas donde los vecinos sufrieron presiones para que “dejen de denunciar las fumigaciones”.

[…]

Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3- 227166-2013-08-20.html. Fecha de consulta: 15 jan. 2016. Adaptado.

El uso de agrotóxicos

Por Darío Aranda

El gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. “Se fomenta un sistema productivo depredador y se deja a los pueblos fumigados en total desprotección”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. En Chaco, un informe oficial había revelado los altos índices de cáncer y malformaciones en zonas fumigadas. En Mar del Plata, el intendente logró la modificación de una ordenanza que reduce de 1000 metros a sólo 100 metros las distancias de fumigación.

En diciembre de 2009, el gobierno de Chaco creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, con el objetivo de que se estudien las denuncias por los efectos del uso masivo de agroquímicos en campos transgénicos (soja y maíz, entre otros) y arroceras. Seis meses después, la comisión oficial presentó su primer informe, el que señaló que (en zonas con amplio uso de agrotóxicos) los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década.

Fue un elemento más en el que las organizaciones sociales se apoyaron para exigir extender las limitaciones a las fumigaciones. Pedían la prohibición total de las fumigaciones aéreas (como sucede en diversos países de Europa) y 2000 metros para las terrestres. Luego de meses de debates y audiencias, la Legislatura de Chaco aprobó en julio de2012 la Ley de Biocidas (7032). Prohibió la aplicación aérea de agroquímicos a una distancia inferior a 1500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y reservorios de agua. Y para las pulverizaciones terrestres se fijó un límite de 500 metros e incluyó, a último momento, un artículo que dejaba la posibilidad de reducir estas distancias.

En noviembre de 2012, el gobernador Jorge Capitanich reglamentó la ley, y estableció la posibilidad de que las fumigaciones terrestres sean a 200 metros (60 por ciento menos que la ley aprobada) y las aéreas de 1050 metros (30 por ciento menos). Arreciaron las críticas de ONG, campesinos y organizaciones socioambientales.

Nueve meses después, el 2 de agosto pasado, el gobernador firmó el decreto 1567. A diferencia de la reglamentación anterior, no menciona ningún límite para fumigar. “En la reglamentación anterior había un mínimo para la reducción que era del 60 por ciento para las terrestres y del 30 por ciento para las aéreas. En la nueva se excluye justamente este párrafo, es decir que deja que se reduzcan distancias a ningún límite mínimo”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, que hace más de una década denuncia el avance del modelo agropecuario y sus consecuencias en la salud.

El gobierno chaqueño aclaró mediante un comunicado que la nueva reglamentación “obedeció a las diversas y reiteradas solicitudes de los distintos actores sociales involucrados en la legislación provincial”. La subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, María Elina Serrano, sostuvo que el nuevo decreto “constituye una propuesta superadora que tiene como principal objetivo facilitar la aplicación práctica de la ley, manteniéndose vigente las distancias de aplicación”.

Alejandra Gómez, de la Red de Salud Ramón Carrillo, afirmó: “Ninguna organización social, ni ambiental ni poblaciones que sufren las fumigaciones pueden pedir que se deje fumigar frente a sus casas. Es claro que el Gobierno obedeció al lobby de productores y empresas. Ahora no hay límite mínimo de reglamentación”.

Además de no fijar límite mínimo, el artículo 27 señala que el área de fumigación dependerá de que “haya un acuerdo escrito entre las partes”. Lo que pareciera una cláusula en teoría beneficiosa para los posibles afectados, en la práctica puede no serlo. “¿Qué poder de negociación tiene una familia campesina o periurbana frente a un pool de siembra, frente a un intendente y ante un juez de paz y frente a la policía, todos estos actores unidos para fumigar hasta la misma casa del campesino?”, advierte Gómez y precisa casos en Pampa del Indio y en Colonias Unidas donde los vecinos sufrieron presiones para que “dejen de denunciar las fumigaciones”.

[…]

Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3- 227166-2013-08-20.html. Fecha de consulta: 15 jan. 2016. Adaptado.

El uso de agrotóxicos

Por Darío Aranda

El gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. “Se fomenta un sistema productivo depredador y se deja a los pueblos fumigados en total desprotección”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. En Chaco, un informe oficial había revelado los altos índices de cáncer y malformaciones en zonas fumigadas. En Mar del Plata, el intendente logró la modificación de una ordenanza que reduce de 1000 metros a sólo 100 metros las distancias de fumigación.

En diciembre de 2009, el gobierno de Chaco creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, con el objetivo de que se estudien las denuncias por los efectos del uso masivo de agroquímicos en campos transgénicos (soja y maíz, entre otros) y arroceras. Seis meses después, la comisión oficial presentó su primer informe, el que señaló que (en zonas con amplio uso de agrotóxicos) los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década.

Fue un elemento más en el que las organizaciones sociales se apoyaron para exigir extender las limitaciones a las fumigaciones. Pedían la prohibición total de las fumigaciones aéreas (como sucede en diversos países de Europa) y 2000 metros para las terrestres. Luego de meses de debates y audiencias, la Legislatura de Chaco aprobó en julio de2012 la Ley de Biocidas (7032). Prohibió la aplicación aérea de agroquímicos a una distancia inferior a 1500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y reservorios de agua. Y para las pulverizaciones terrestres se fijó un límite de 500 metros e incluyó, a último momento, un artículo que dejaba la posibilidad de reducir estas distancias.

En noviembre de 2012, el gobernador Jorge Capitanich reglamentó la ley, y estableció la posibilidad de que las fumigaciones terrestres sean a 200 metros (60 por ciento menos que la ley aprobada) y las aéreas de 1050 metros (30 por ciento menos). Arreciaron las críticas de ONG, campesinos y organizaciones socioambientales.

Nueve meses después, el 2 de agosto pasado, el gobernador firmó el decreto 1567. A diferencia de la reglamentación anterior, no menciona ningún límite para fumigar. “En la reglamentación anterior había un mínimo para la reducción que era del 60 por ciento para las terrestres y del 30 por ciento para las aéreas. En la nueva se excluye justamente este párrafo, es decir que deja que se reduzcan distancias a ningún límite mínimo”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, que hace más de una década denuncia el avance del modelo agropecuario y sus consecuencias en la salud.

El gobierno chaqueño aclaró mediante un comunicado que la nueva reglamentación “obedeció a las diversas y reiteradas solicitudes de los distintos actores sociales involucrados en la legislación provincial”. La subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, María Elina Serrano, sostuvo que el nuevo decreto “constituye una propuesta superadora que tiene como principal objetivo facilitar la aplicación práctica de la ley, manteniéndose vigente las distancias de aplicación”.

Alejandra Gómez, de la Red de Salud Ramón Carrillo, afirmó: “Ninguna organización social, ni ambiental ni poblaciones que sufren las fumigaciones pueden pedir que se deje fumigar frente a sus casas. Es claro que el Gobierno obedeció al lobby de productores y empresas. Ahora no hay límite mínimo de reglamentación”.

Además de no fijar límite mínimo, el artículo 27 señala que el área de fumigación dependerá de que “haya un acuerdo escrito entre las partes”. Lo que pareciera una cláusula en teoría beneficiosa para los posibles afectados, en la práctica puede no serlo. “¿Qué poder de negociación tiene una familia campesina o periurbana frente a un pool de siembra, frente a un intendente y ante un juez de paz y frente a la policía, todos estos actores unidos para fumigar hasta la misma casa del campesino?”, advierte Gómez y precisa casos en Pampa del Indio y en Colonias Unidas donde los vecinos sufrieron presiones para que “dejen de denunciar las fumigaciones”.

[…]

Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3- 227166-2013-08-20.html. Fecha de consulta: 15 jan. 2016. Adaptado.