El ex gobernador de Corrientes, Raúl "Tato" Romero Feris, fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es porque la Justicia lo encontró responsable del delito de peculado durante su gestión como intendente. La misma pena recibió el ex secretario de Economía de la Municipalidad de Corrientes, Andrés Zidianakis. La denuncia, realizada en su momento por un interventor municipal, estaba basada en el cobro en 1997 de 400 mil pesos que estaban destinados a pavimentar calles, pero las obras nunca se realizaron y el dinero se esfumó, aunque Zidianakis aseguró en el juicio que personalmente y en efectivo se lo entregó en propias manos a Romero Feris.

La querella y la fiscalía habían solicitado siete años de prisión para el ex hombre fuerte de Corrientes y seis para el ex secretario de Economía. Fueron condenados además a devolver de manera solidaria los 400 mil pesos a la comuna.

Por otro lado, la causa por las coimas en el Senado para lograr la sanción de la ley de Reforma Laboral en abril del 2000 recibió ayer un impulso importante cuando la Cámara Federal porteña confi rmó los procesamientos por cohecho del ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, del arrepentido Mario Pontaquarto, del ex presidente provisional del Senado José Genoud (UCR) y de los ex senadores peronistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Remo Costanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branda.

Los camaristas Martín Irurzun y Horacio Vigliani desplegaron numerosas y fuertes críticas contra la investigación. Dieron por acreditada la existencia de las coimas, que -concluyeron- pagaron funcionarios de la Alianza y recibieron senadores justicialistas y radicales. Sin embargo, consideraron que no hay pruebas suficientes como para establecer que ese dinero salió de la Secretaría de Inteligencia.


En el texto se dice que el ex gobernador de Corrientes y el ex secretario de Economía fueron condenados porque:

La negociación sobre el nuevo Estatuto de Cataluña avanza lentamente y a trompicones. A pesar de ello, el Gobierno mantiene como objetivo llegar a «un acuerdo global», a ser posible reflejado por escrito, antes de fin de mes.

Pactado que la denominación nacional de Cataluña sea el último asunto a abordar, la primera jornada oficial de negociaciones, celebrada el lunes, se centró en un tanteo sobre el modelo de financiación y concluyó sin avances, según varios de los negociadores. A este respecto, el Presidente del Gobierno español reiteró que son irrenunciables la recaudación por el Estado de impuestos en todo el territorio nacional y el mantenimiento en sus manos de todo lo relacionado con el Impuesto sobre Sociedades. Para el Gobierno, según indicó, sólo hay margen de maniobra en la llamada «cesta de impuestos» - el porcentaje del IRPF y la cesión de impuestos especiales como los que afectan a los hidrocarburos, alcoholes o tabaco- y en la «cuota de solidaridad», admitiendo que -una vez garantizada la igualdad en la prestación de los servicios básicos- «las comunidades que recaudan más tienen derecho a disponer de más ingresos para hacer sus políticas».


De acuerdo con el texto, la posición del gobierno español sobre el modelo de financiación:

La negociación sobre el nuevo Estatuto de Cataluña avanza lentamente y a trompicones. A pesar de ello, el Gobierno mantiene como objetivo llegar a «un acuerdo global», a ser posible reflejado por escrito, antes de fin de mes.

Pactado que la denominación nacional de Cataluña sea el último asunto a abordar, la primera jornada oficial de negociaciones, celebrada el lunes, se centró en un tanteo sobre el modelo de financiación y concluyó sin avances, según varios de los negociadores. A este respecto, el Presidente del Gobierno español reiteró que son irrenunciables la recaudación por el Estado de impuestos en todo el territorio nacional y el mantenimiento en sus manos de todo lo relacionado con el Impuesto sobre Sociedades. Para el Gobierno, según indicó, sólo hay margen de maniobra en la llamada «cesta de impuestos» - el porcentaje del IRPF y la cesión de impuestos especiales como los que afectan a los hidrocarburos, alcoholes o tabaco- y en la «cuota de solidaridad», admitiendo que -una vez garantizada la igualdad en la prestación de los servicios básicos- «las comunidades que recaudan más tienen derecho a disponer de más ingresos para hacer sus políticas».


Según el texto, la negociación sobre el nuevo estatuto de Cataluña: